Clase del 5 de noviembre

¿Por qué fracasó la perestroika?

La pregunta que sirve de título a este epígrafe supone dar por sentado el fracaso de la perestroika. No parece que esta premisa, por matizable que sea, pueda ser cuestionada seriamente, si tenemos en cuenta que la política de Gorbachov tenía por objeto la modernización y democratización del régimen soviético, y no su eliminación. En ese sentido, la desintegración política y territorial de la Unión Soviética puede interpretarse, en parte, como un efecto no calculado de la perestroika y, en parte, como el desenlace de un proceso de descomposición del sistema soviético que las reformas de Gorbachov no pudieron evitar. Volvemos así a la difícil cuestión de si la política reformista fue causa o consecuencia de la crisis del Estado soviético y de su imperio. Siempre podrá decirse, en todo caso, lo que un contemporáneo del español conde-duque de Olivares afirmó tres siglos antes en circunstancias muy parecidas -el declive imparable de un Estado y un imperio-para justificar el fracaso de las reformas del conde-duque: "Es así que nos vamos acabando, pero en otras manos habríamos acabado más presto". Tal vez la perestroika no hizo más que alargar, por poco tiempo, la agonía de un enfermo terminal.

En última instancia, la reforma del sistema fracasó porque fue incapaz de generar el consenso necesario en torno al proyecto de crear unas estructuras económicas, políticas y territoriales que fueran al mismo tiempo más libres y más eficientes. No hay que descartar tampoco que ese proyecto modernizador resultara incompatible con la esencia misma del régimen. Sea como fuere, el estallido territorial de la Unión Soviética entre 1990 y 1992 fue sin duda la mayor expresión de ese fracaso, porque significaba la desintegración física del país y el retorno a las tensiones e incertidumbres que precedieron a la revolución bolchevique y a la posterior creación de la URSS en 1922. Es sabido que la unificación bajo el régimen comunista del conglomerado de territorios que formaban el antiguo Imperio zarista había sido uno de los mayores retos que tuvo que afrontar el Estado soviético, y que durante décadas fue incluida entre sus grandes logros. En 1924, poco después de la muerte de Lenin, Grigori Zinoviev, presidente del comité ejecutivo de la III Internacional, anunciaba que el problema nacional estaba ya definitivamente resuelto a falta de alguna cuestión de detalle. Casi medio siglo después, Breznev declaraba que la URSS había "resuelto plenamente la cuestión nacional" (cit. Laqueur, 1993, 407). A principios de los ochenta, Yuri Andropov, nada más ser nombrado secretario general del PCUS, se felicitó por los progresos que estaba realizando la conciencia nacional, aunque también reconoció que las diferencias nacionales durarían mucho más que las diferencias de clase. El propio Gorbachov, en su primera etapa, se apartó más de una vez de la línea autocrítica que le caracterizaba para mostrar una visión complaciente de las relaciones con las repúblicas soviéticas (Carrère d'Encausse, 1990, 24). La machacona insistencia de las autoridades de la URSS, a lo largo de toda su historia, en dar por resuelta la integración nacional puede ser el mejor síntoma de la existencia de un problema latente, que la propaganda oficial y los mecanismos autoritarios del sistema sólo habían conseguido camuflar.

No cabe duda de que las relaciones con los territorios periféricos había sido más fluida y equitativa que en tiempos del zarismo, y que la nativización -korenisatsiya- de la administración soviética, es decir, la incorporación de la población local a los órganos de gobierno de su propio territorio, se había revelado como un eficaz sistema de cohesión nacional, a pesar del notorio predominio de los rusos entre los cuadros dirigentes del Estado. En el ámbito económico, la relación entre Rusia y las repúblicas periféricas era manifiestamente favorable a estas últimas, que veían así recompensada su pertenencia a la Unión. Se intentó mantener también un cierto equilibrio entre la cultura rusa y la de aquellas repúblicas que tuvieran lengua propia, aunque la edición de libros en estas lenguas seguía, en los años setenta y ochenta, una tendencia declinante, sin que sea fácil determinar si era por falta de demanda o por desidia del sistema. El caso de los Estados bálticos, incorporados a la URSS por la fuerza en 1939-1940, muestra el otro lado de la política soviética en relación con las nacionalidades: el recurso a la imposición y a la violencia cuando se consideraba necesario.

De todas formas, en vísperas de la perestroika, nada hacía presagiar una explosión secesionista como la que se produjo en torno a 1990. Pese a algunos casos aislados de reivindicación nacionalista, como los producidos en Armenia (1965) y Georgia (1978), la situación parecía globalmente satisfactoria teniendo en cuenta el abigarrado mosaico de etnias y territorios que constituía la URSS, si bien el grado de aceptación de ese modelo era muy variable. Que la pertenencia de los Estados bálticos -Letonia, Estonia y Lituania-, e incluso de Ucrania y Moldavia, a la Unión era fruto de la fuerza se demostró en cuanto la perestroika y el desbarajuste político de la última etapa de Gorbachov -la caotización a la que alude C. Taibo- brindaron a estas repúblicas la ocasión de dar rienda suelta a su nacionalismo.

Muy distinto era el caso de los territorios del Cáucaso y de Asia central, aunque las consecuencias fueron parecidas. Aquí los principales factores que jugaban contra la integración eran de índole religiosa y demográfica. Por un lado, estas repúblicas de mayoría musulmana no fueron inmunes a la expansión que el fundamentalismo islámico había experimentado en países tan próximos como Irán o Afganistán; por otro, la mayor tasa de natalidad de la población musulmana iba minando el tradicional predominio eslavo en el conjunto de la URSS y reforzaba en aquellas zonas la conciencia de una identidad diferenciada. Se calculaba que en el año 2000 una cuarta parte, como mínimo, de la población de la Unión Soviética sería musulmana y que la mitad de los soldados en filas procedería de una república islámica. Por lo pronto, en la república caucásica de Kazajstán en 1989 la etnia local superaba por primera vez a la población de origen ruso. Por entonces hacía ya tres años que habían estallado los primeros disturbios graves (Laqueur, 1993; Carrère d'Encausse, 1990). En muchas repúblicas soviéticas, pero especialmente en el Cáucaso, la quiebra del Estado y de sus resortes de poder trajo consigo la reaparición de viejos conflictos fronterizos e interétnicos que a menudo derivaron en cruentas guerras civiles. Por último, otras repúblicas de la Unión con poca o ninguna tradición nacionalista se sumaron por puro mimetismo a la tendencia centrífuga puesta en marcha a finales de los ochenta. En ocasiones, fueron los propios cuadros locales del PCUS los que abanderaron la apuesta secesionista como una forma de garantizar su supervivencia política personal ante la perspectiva de la descomposición del Estado soviético.

La política liberalizadora de Gorbachov puso al descubierto la frágil arquitectura que había ido conformando la Unión Soviética como mero agregado de pueblos y etnias. La supresión de los resortes autoritarios que apuntalaban el sistema provocó su desplome inmediato. Algo similar podría decirse de los efectos de la perestroika sobre la economía, si bien los problemas económicos de la era Breznev eran más evidentes que las tensiones derivadas de la llamada cuestión nacional. Sin embargo, la afirmación de que la quiebra del socialismo real había empezado a gestarse en 1960 (Hobsbawm, 1995, 253) es de muy difícil verificación, porque la URSS carecía, como ya se ha dicho, de una contabilidad plenamente fiable y porque el régimen soviético estaba acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades. Los análisis sobre la marcha de la economía soviética realizados en Occidente -por ejemplo, por la CIA- tendían igualmente a sobrevalorar la realidad, sea por el defecto de origen que entrañaba el manejo de fuentes oficiales de aquel país, sea por un interés político en inflar el peligro soviético. Por otra parte, la combinación de propaganda oficial e inercia del aparato productivo, dirigido con criterios burocráticos faltos muchas veces de racionalidad económica, podía borrar fácilmente el verdadero rastro de la economía soviética.

Dentro de ese amplio margen de incertidumbre, los cálculos que parecen más fiables, elaborados por el economista ruso G.I. Janin entre 1988 y 1991, indican una evolución declinante desde los años sesenta, tras una década fuertemente expansivo -1950-1960- en que la renta nacional había crecido una media del 7,2% anual, muy por encima de la tasa de los países occidentales, lo mismo que el PNB, como se vio en su momento. El ritmo de crecimiento de la renta nacional no dejó de disminuir a partir de entonces: 4,4% en 1960-1965, 4,1 % en 1965-1970 y 3,2% en 1970-1975. A partir de este último año, esta variable quedó prácticamente estancada y en 1987 su evolución pasó a ser negativa (Castells, 1998b, 34). La caracterización del largo mandato de Breznev, iniciado en 1964, como la era del estancamiento es una simplificación un tanto arbitraria, pero parece respaldada por algunas evidencias, por lo menos para los últimos años. Cierto que, hasta mediados de los setenta, la economía soviética tuvo tasas de crecimiento muy estimables, comparadas con las de las principales economías occidentales. Pero si se toma como referencia su propia evolución en los años anteriores, se puede sacar la impresión de que el modelo de desarrollo soviético, que había dado resultados espectaculares en la década de los cincuenta, empezaba a ofrecer claros síntomas de agotamiento. Basado en la industrialización planificada y férreamente subordinado a los fines militares de la política soviética, aquel modelo de crecimiento había mostrado su eficacia en los años de la reconstrucción del país tras la Guerra Mundial y en el arranque de la Guerra Fría, pero una vez agotado su fuerte impulso inicial se convirtió en un pesado lastre para un desarrollo armónico y sostenido de la economía soviética. El rearme impuesto por la agresiva política reaganiana de principios de los ochenta no pudo llegar en peor momento. La consecuencia de todo ello fue que, como afirma Ronald Powaski, la economía soviética ya no daba abasto para sostener al imperio soviético (2000, 369).

Pero el punto de inflexión habría que situarlo a mediados de los años setenta, con el comienzo de la primera crisis del petróleo, a pesar de que la URSS, como país rico en recursos energéticos, se vio libre de sus consecuencias más negativas. El contraste entre su, a simple vista, boyante economía, y las tribulaciones de los países occidentales dependientes del petróleo y azotados por la inflación y el desempleo sólo podía beneficiar a la imagen de la URSS ante el mundo y ante su propio pueblo. Es muy posible, sin embargo, que este escenario propicio y la perspectiva de rentabilizar su favorable posición en el mercado energético contribuyeran a retrasar aún más las reformas estructurales que requería la economía soviética. De ahí que la URSS, a diferencia de los países capitalistas, no llegara a afrontar seriamente el gran reto de la crisis de los setenta: la revolución de las tecnologías de la información.

El sistema político y económico vigente en la Unión Soviética, lastrado por su extrema rigidez burocrática y por una actitud autista ante el mundo exterior y ante su propia realidad, era especialmente refractario a los cambios tecnológicos que se estaban produciendo en el ámbito de la comunicación desde mediados de los setenta. Cierta inercia, muy presente en el funcionamiento general del país, llevaba a la economía soviética a perseguir objetivos trasnochados con resultados tan sorprendentes como engañosos. En plena década de los ochenta, la industria soviética superaba claramente a Estados Unidos -al menos, según las cifras oficiales- en la producción de bienes básicos como acero (80% más que Estados Unidos), cemento (78%), petróleo (42%), fertilizantes (55%) o tractores (cinco veces más). La URSS parecía, pues, haber cumplido con creces la predicción formulada por Kruschef en 1961: que en el plazo de dos décadas su país produciría más bienes industriales que su gran rival. El problema era saber hasta qué punto la Unión Soviética necesitaba, veinte años después, tales productos y en esas magnitudes. Su particular forma de entender la economía como una carrera deportiva, típica de la planificación y de la obsesión industrialista de los planes quinquenales, tenía, entre otros inconvenientes, el de subordinar el ritmo de actividad del aparato productivo y las necesidades reales del país a unos plazos y unos objetivos político-propagandísticos que podían quedar obsoletos y resultar contraproducentes. Así, cuando a mediados de los setenta estalló en Occidente la crisis económica y la revolución de las nuevas tecnologías, los dirigentes soviéticos no sintieron la necesidad ni tuvieron la flexibilidad precisas para cambiar sus prioridades y adaptarse al nuevo contexto histórico.

Hay, además, una razón estrictamente política para entender por qué, en palabras de Manuel Castells, "la Unión Soviética perdió el tren de la revolución de las tecnologías de la información,, y con él, seguramente, el tren de la historia. Todo lo relativo a la difusión de las ideas y a la comunicación, en general, estaba sometido a un severo control político para evitar la acción subversiva de los enemigos del sistema. Las normas para el uso del fax, del télex y del teléfono para llamadas a larga distancia eran sumamente estrictas. Sobre las simples máquinas de escribir existía en los países del socialismo real una férrea fiscalización, como pudo comprobar en los años sesenta el entonces dirigente comunista español Jordi Solé Tura, cuando pretendió comprarse una máquina de escribir portátil en una tienda de Praga. Cuenta en sus memorias, que su condición de comunista y sus contactos políticos al más alto nivel no le bastaron para evitar los engorrosos trámites que le fueron requeridos y que le llevaron finalmente a desistir de su empeño. En el caso de las fotocopiadores, el control llegaba a extremos inauditos. En la URSS, para fotocopiar un texto, se requerían dos firmas si estaba escrito en ruso, y tres en caso de estar redactado en una lengua extranjera. Es fácil imaginar los efectos que esta desconfianza hacia los medios más elementales de comunicación tendría sobre aquellos que surgieron a partir de la revolución tecnológica de los años setenta. La sola idea del ordenador personal resultaba subversiva. El rechazo que los gestores del Estado soviético experimentaban ante las nuevas tecnologías provocaría graves disfunciones en sectores clave del aparato productivo del país e incluso en un área prioritaria como era la industria militar. En 1990, la industria informática soviética acumulaba un retraso de veinte años respecto a la norteamericana o la japonesa.

Así pues, entre las razones estructurales que motivaron el derrumbe de la Unión Soviética figura en un lugar destacado la radical incompatibilidad entre el sentido abierto y globalizador de las nuevas tecnologías, pieza básica para la adaptación de cualquier economía al marco histórico del fin de siglo, y el carácter hermético y totalitario del Estado soviético. La supervivencia de este último peligraba tanto si se imponía su natural propensión al inmovilismo como si el instinto de conservación le llevaba a incorporar ciertas dosis de libertad y modernidad, que inexorablemente entrarían en conflicto con la propia naturaleza del comunismo soviético. No carecía de sentido, por tanto, el propósito de los gestores del Estado de blindar la URSS frente a los posibles efectos disolventes del mundo exterior. Mijaíl Gorbachov reconoció después de dejar el poder que su conciencia reformista surgió, en sus tiempos de secretario del partido en Sebastopol, de la lectura de estudios realizados en Occidente sobre la situación de la Unión Soviética y que circulaban, traducidos al ruso, en ediciones restringidas "sólo para uso oficial" en tiradas de doscientos o trescientos ejemplares (Laqueur, 1993, 414).

La campana de cristal en la que había vivido la Unión Soviética durante décadas tenía los días contados. Cuando la glasnost permitió una cierta ventilación del interior del sistema, se cumplió el temor que había marcado durante generaciones la conducta de la nomenklatura soviética: que el llamado socialismo real no pudiera resistir el contacto directo con la realidad exterior. No era tanto el fin del comunismo como el de la particular versión estatista y totalitaria que se fue moldeando a partir de 1917 en lo que había sido el Imperio zarista, del que heredó algunas de sus peores perversiones. La comparación entre la política reformista de Gorbachov y la trayectoria de la República Popular China a partir de aquellos años aporta también alguna enseñanza provechosa. Por lo pronto, el caso de la China posmaoísta, que veremos en el capítulo siguiente, demuestra que el comunismo no era un régimen forzosamente irreformable, siempre y cuando las reformas económicas fueran por delante de las reformas políticas y los resortes del poder, convenientemente preservados, sirvieran para reforzar el control sobre la población en un momento especialmente crítico por el alto coste social que tendrían los cambios económicos. Lo que resultó inviable fue una liberalización como la que se ensayó en la Unión Soviética, que dejaba el sistema inerme antes de haberío reformado.

Definida muchas veces como una revolución desde arriba, la perestroika tuvo que reformar el Estado actuando a menudo contra la extensa red de intereses y clientelas tejida en torno a él, sin contar a cambio con una base social que respaldara la política reformista frente a sus poderosos enemigos. De esta forma, pudieron aflorar libremente las tensiones contenidas durante largos años -en los países del Este, en las repúblicas periféricas, en la población soviética, en el aparato productivo- y el descontento tanto de aquellos que reclamaban la total liquidación del régimen como el de quienes pretendían conservar sus posiciones de privilegio en la estructura burocrática del Estado. Quedaban por ver los efectos balsámicos que el desarme pudiera tener sobre su economía, pero mientras la reasignación de recursos requería tiempo y estaba sujeta a decisiones políticas muy arriesgadas, el giro de la política exterior soviética y la reducción del presupuesto de defensa tuvieron un impacto inmediato en el complejo militar-industrial, convertido en un peligroso elemento de desestabilización política. Al final, la confluencia devastadora de las dos tendencias antagónicas, representadas por los más radicales y los más conservadores, coincidentes en su oposición a la perestroika, dio al traste no sólo con la política reformista de Gorbachov, sino con toda posibilidad de supervivencia de un Estado plurinacional y multiétnico en el antiguo territorio de la Unión Soviética.

La experiencia histórica emprendida en Rusia en 1917 había demostrado que, contra las previsiones de Marx, era posible pasar de una economía atrasada y, en muchos sentidos, precapitalista a un régimen socialista capaz de impulsar la modernización y la industrialización que el débil capitalismo ruso apenas había iniciado. Hubo un momento en el que los frutos de esa transformación parecieron impresionantes. Durante mucho tiempo, el comunismo soviético fue considerado, por amigos y enemigos, un sistema sólidamente asentado, inmune a los caprichosos avatares de la economía capitalista y más estable que muchas democracias del llamado mundo libre. Todavía en vísperas de la caída del comunismo, algunos historiadores occidentales, como Paul Kennedy en un libro publicado en 1987 (The Rise and Fall of the Great Powers), veían más próximo el derrumbe del imperio americano que el fin de la Unión Soviética. La realidad, sin embargo, era muy distinta. Setenta años después de la Revolución de octubre, la nueva transición pretendida por la perestroika, retornando el hilo extraviado del socialismo democrático y la economía de mercado, aparecía plagada de incertidumbres. Un viejo chascarrillo ruso, recordado por el historiador T G. Ash a este propósito, sirve para ilustrar el problema histórico que planteaba esta especie de transición al revés del comunismo a la democracia y al capitalismo: "Sabemos que puedes convertir un acuario en una sopa de pescado; la pregunta es si puedes volver a convertir la sopa de pescado en un acuario" (Ash, 2000, 54).

Clase del 3 de noviembre

Los cambios internos en la URSS y el derrumbe del socialismo real

La tradicional gerontocracia soviética entró en crisis a mediados de los años ochenta, tras una breve etapa en la que la esperanza de vida de los inquilinos del Kremlin bajó de forma alarmante: en 1982 murió Breznev, tras casi veinte años en el poder; su sucesor, Yuri Andropov, le sobrevivió poco más de un año, hasta su muerte en febrero de 1984, fecha en la que el cargo de presidente del Soviet Supremo recayó en otro septuagenario, Konstantin Chernenko, fallecido trece meses después. Cuando en marzo de 1985 Mijaíl Gorbachov fue designado secretario general del PCUS tenía 53 años, lo que le convertía en el líder soviético más 'oven desde el nombramiento de Stalin para el mismo cargo en 1924. Hombre próximo al círculo reformista de Andropov, bien visto por Gromyko, cuyo apoyo pudo resultar decisivo en su elección, Gorbachov empezaba a ser conocido en Occidente por sus viajes a Italia, Gran Bretaña y Canadá a principios de los años ochenta. Al evidente cambio de imagen que aportó con su juventud y dinamismo se añadió muy pronto la voluntad, expresada en multitud de gestos y declaraciones, de poner al día la política soviética, tanto exterior como interior, tras la parálisis sufrida en los últimos tiempos.

Las razones por las que esta nueva etapa histórica de la URSS concluyó con la desintegración del sistema son sumamente complejas, y sobre ellas habremos de volver más adelante. En todo caso, podríamos situarlas en un amplio arco interpretativo cuyos polos opuestos serían, por una parte, la creencia de que las reformas de Gorbachov, lejos de actualizar y fortalecer el régimen comunista, según la retórica oficial de la época, socavaron las bases de un sistema que gozaba de una razonable buena salud, y, por otra, la tesis de quienes consideran que el sistema soviético se encontraba en plena descomposición cuando Gorbachov puso en marcha unas reformas tardías y, a la postre, inviables, porque pretendían apuntalar una situación ya insostenible.

La segunda interpretación parece, en principio, más fiable que la primera, aunque -hay que insistir en ello- en la crisis del sistema comunista interactuaron factores muy diversos y complejos. El objetivo de la política de transparencia informativa defendida por Gorbachov, la famosa glasnost, era la liberación de las energías creativas, en el plano intelectual y político, constreñidas hasta entonces por el sistema, con la esperanza de que ese potencial hasta entonces desaprovechado contribuyera a la mejora y modernización del régimen comunista. Este aspecto aperturista de la política de Gorbachov, del que eran buena prueba la liberación de numerosos disidentes, como el Premio Nobel Andrei Sajarov, recordaba episodios anteriores de la historia del mundo comunista, tanto dentro de la URSS -la famosa desestalinización- como fuera de ella -Hungría, 1956; Checoslovaquia, 1968-. La glasnost tenía otra dimensión fundamental: era el acceso a la verdadera realidad de la Unión Soviética, mistificada durante décadas por una imagen propagandística que el propio régimen se había acabado creyendo. Se trataba, por tanto, de empezar por conocer la situación real del país, estimulando el desarrollo de una verdadera opinión pública -algo desconocido en toda la historia de la URSS- y poniendo a trabajar a grupos de científicos y especialistas en el estudio de la situación social y económica, en línea con lo realizado poco antes, en 1983, por los sociólogos e ingenieros que elaboraron el llamado Informe Novosibirsk, que tanta influencia tuvo en la política de Gorbachov. Del resultado de éste y de otros trabajos científicos se desprendía un diagnóstico muy negativo de la verdadera situación de la economía soviética.

El accidente de la central nuclear de Chernobil en 1986, del que se informó con todo rigor en un ejercicio práctico de glasnost, confirmaría las impresiones más pesimistas sobre la mezcla de incompetencia, corrupción y manipulación informativa en que se había fundado el mito del progreso soviético. El análisis ponderado de las estadísticas oficiales incidía en lo mismo: el régimen había falseado sistemáticamente los datos básicos de la economía nacional. En 1988, el economista A. Illarionov atribuía a la URSS una tasa de crecimiento próxima a cero, muy por debajo de la que registraban las grandes potencias económicas, como Estados Unidos, Japón, Europa o incluso China. La agricultura, por ejemplo, se encontraba al borde de la parálisis, mientras la población, arrastrada por la inercia del viejo optimismo oficial, ignoraba la gravedad de una situación que, tarde o temprano, acabaría por estallar. El progresivo deterioro económico y el grave problema de la baja productividad saltaban a la vista cuando se comparaban sus cifras con las de la economía de Estados Unidos, su gran competidor por la hegemonía mundial. Así, mientras en 1965 un agricultor soviético abastecía a seis personas y un norteamericano a 43, en 1981, esa misma variable era de 8 y 65, respectivamente. Lastrada por la baja productividad de su agricultura, viejo y al parecer irresoluble problema de la economía comunista, la URSS, un país con ingentes recursos naturales, estaba abocada a una dependencia cada vez mayor de las importaciones para abastecer a su población (Taibo, 2000, 39). La gran paradoja, efectivamente, es que el déficit en productos agrícolas tenía que cubrirse con las compras realizadas en el mercado mundial, sobre todo a los países industrializados del bloque capitalista. Los datos sobre la productividad de la industria petroquímica -otro sector clave en el que la URSS desaprovechó su enorme potencial- eran del mismo tenor.

Algunas publicaciones oficiales, como las revistas Kommunist y EKO, empezaban a cuestionar abiertamente la fiabilidad de las estadísticas manejadas hasta entonces (Nove, 1989, 215). En enero de 1987, el propio secretario general admitía ante el Comité Central del PCUS la gravedad de los problemas económicos. De momento, sin embargo, las principales iniciativas reformistas se ceñían sobre todo al ámbito político, mientras que la liberalización de las estructuras económicas, concebida según parámetros similares a la NEP de los años veinte, se iba aplazando por miedo a su alto coste social y a los riesgos que para el gobierno extrañaba su posible impopularidad.

Cierto que en el plano estrictamente político, la glasnost daba al reformismo de Gorbachov una doble legitimidad. Demostraba su talante liberal ante la comunidad occidental y ante los sectores más críticos de su propio pueblo y, sobre todo, de la intelligentsia, que podían expresarse por primera vez con alguna libertad. Al mismo tiempo, la preocupante realidad que aparecía tras la vieja fachada del sistema hacía especialmente urgente la adopción de reformas drásticas, y, por tanto, venía a justificar la perestroika o reestructuración del comunismo soviético. El conocimiento de la profundidad de la crisis a todos los niveles abocaba a una revisión radical de los últimos años de la historia de la URSS. Multitud de circunstancias, desde el descenso de la producción agrícola hasta la alta tasa de alcoholismo entre la población, demostraban la falta de motivación de los trabajadores y el fracaso del régimen en la creación del famoso hombre nuevo que debía engendrar el comunismo. Las dos décadas presididas por la figura de Breznev desde principios de los sesenta empezaron a ser conocidas como la era del estancamiento. Así pues, según el discurso de los reformistas, el mal venía de lejos. En este ajuste de cuentas con el pasado, la perestroika recordaba en algo también los tiempos de la desestalinización.

Además del dramático desajuste entre la celeridad de las reformas políticas y la lentitud de los cambios económicos, el eje glasnost/perestroika sobre el que giró la política de Gorbachov tenía, pese a todo lo dicho, un grave inconveniente: que la eliminación por la glasnost de los resortes autoritarios del sistema y la liberación de las tensiones y del malestar acumulados durante décadas llevaran a una situación explosiva antes de que las reformas pudieran surtir efecto. En ese sentido, la glasnost podía ser el peor enemigo de la perestroika. No era fácil, efectivamente, que una sociedad acostumbrada al triunfalismo oficial y a un nivel de vida modesto, pero estable, aceptara sin más el precio del reformismo, ese horizonte lleno de sacrificios e incertidumbres que, con crudo realismo, le describían a diario sus nuevos líderes, empeñados en sacar al pueblo ruso de su proverbial mnogostradalny, mezcla de inopia, fatalismo y resignación. Si el objetivo era despertar la conciencia de la sociedad y empujarla a expresar libremente su opinión, hay que decir que el éxito fue total, y que, a fuerza de estimular el inconformismo del pueblo, empezó a extenderse un estado de opinión claramente antigubernamental. Para sectores crecientes de la población y para una buena parte de la vieja nomenklatura comunista, la política de Gorbachov era el problema y no la solución. Por lo demás, el rechazo que provocaba entre los privilegiados del sistema es fácilmente comprensible, si tenemos presentes medidas como la retirada del coche oficial a 400.000 funcionarios y el cierre de algunas "tiendas especiales" reservadas a la nomenklatura (Taibo, 2000, 75).

Se entiende, por ello, que el dirigente soviético fuera mucho más popular en el extranjero que entre su propio pueblo. Los continuos viajes de Gorbachov a los países occidentales, los encuentros con Ronald Reagan y Margaret Thatcher y el buen entendimiento con ellos y los guiños a la opinión pública occidental, cautivada por la simpatía y cordialidad de Gorby y de su mujer, Raisa, así como del ministro de Exteriores, Eduard Shevardnadze, eran la vertiente mediático-diplomática de una política exterior estrechamente relacionada con las reformas internas del Estado soviético. En efecto, el alto coste de la Guerra Fría -presupuesto de defensa, carrera espacial, ayuda a los países satélites o amigos- era un lastre que hacía imposible cualquier intento serio de modernización económica, necesitada de la liberación de unos recursos tradicionalmente cautivos del poderoso complejo militar-industrial de la Unión Soviética. Podría pensarse que lo mismo ocurría al otro lado del telón de acero, pero las cifras más fiables indican que el peso del gasto en defensa sobre el conjunto de la economía era mucho mayor en la URSS que en Estados Unidos, donde en pleno reaganismo, y tras una escalada notable desde los tiempos de Carter, el presupuesto militar suponía el 7% del PNB, es decir, la mitad del porcentaje que dedicaba la URSS al mismo capítulo (Droz y Rowley, 1992, 389; Castells, 1998, 46; Powaski, 2000, 310). En torno al 40% de la producción industrial guardaba relación con la defensa, y, a la inversa, la mayor parte de los electrodomésticos de uso civil, como los televisores, eran un subproducto de la industria militar. Las partidas presupuestarias relacionadas con la política exterior y de seguridad eran innumerables. La Guerra de Afganistán, por ejemplo, iniciada en 1980, y muchas veces calificada como el Vietnam soviético por su impopularidad y su desenlace, significó un gasto aproximado de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en 1982-1983, y casi el doble tres años después. La ayuda de todo tipo a los países de la esfera soviética se elevó en 1983 a 28.000 millones de dólares -repartidos sobre todo entre Cuba, Vietnam, Afganistán, Camboya, Laos y Mongolia-, bastante menos que en 1980, pero el doble de lo que Estados Unidos dedicó ese mismo año a ese mismo fin (Laqueur, 1993, 405; Kort, 1998, 347). En 1989, la URSS seguía siendo el primer exportador de armas del planeta, con un 36,6% del volumen mundial de transacciones, por un 33,8% de Estados Unidos (Taibo, 2000, 135).

Gorbachov pretendía resolver a su manera el viejo dilema cañones o mantequilla, metáfora que expresa la disyuntiva, muchas veces planteada, entre la fortaleza militar de un país y el bienestar de la población. El triunfo de la perestroika exigía un replanteamiento general de la política exterior soviética que, mediante una verdadera distensión, permitiera transferir a la economía civil buena parte de los recursos dedicados al rearme, a la carrera espacial, a la ayuda exterior y a aquellos conflictos armados, expresión periférico de la Guerra Fría, en los que, directa o indirectamente, estaba implicada la Unión Soviética. Se trataba, en una palabra, de emancipar a la economía soviética de su asfixiante subordinación al complejo militar-industrial. Los propósitos liberalizadores de la perestroika y el mismo talante personal de Gorbachov iban a contribuir decisivamente a crear en Occidente un clima propicio al diálogo y a la negociación con vistas al objetivo final expuesto por el líder soviético en 1988 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: la "desideologización de las relaciones internacionales", es decir, la desactivación del antagonismo ideológico subyacente en la Guerra Fría y, en última instancia, la superación del conflicto Este/Oeste.

Sin embargo, las primeras ofertas de desarme bilateral, recibidas ya con interés por algunos gobiernos europeos, no parecieron encontrar demasiado eco en la administración norteamericana, que rechazó o ignoró las propuestas soviéticas de prohibición definitiva de las pruebas nucleares (agosto de 1985), de eliminación completa de las armas atómicas en el año 2000 (enero de 1986) y de reducción de las armas nucleares tácticas en todo el continente europeo "desde el Atlántico hasta los Urales" (junio de 1986). La firmeza norteamericana en el rechazo a estas iniciativas y el mantenimiento de la línea dura en la política exterior y de seguridad, visible en la concesión de créditos para la IDE, en la desvinculación de la Casa Blanca de los acuerdos SALT y en el bombardeo norteamericano de Trípoli en abril de 1985, empezaron a poner a Reagan en una situación muy comprometida ante una opinión pública occidental que se encontraba en plena gorbymanía. La telegenia estaba cambiando peligrosamente de bando, gracias al encanto de Gorbachov y de la popular Raisa, y la presión ambiental en favor de la negociación era muy fuerte (Veiga, Da Cal y Duarte, 1998, 316).

La administración Reagan acabó dando su brazo a torcer, y los primeros avances no tardaron en llegar. A un primer acuerdo sobre el control de armamentos firmado en Estocolmo por treinta y cinco países (septiembre de 1986) le siguió, apenas un mes después, el encuentro Reagan-Gorbachov en Reykjavik, concluido con una significativa aproximación de posiciones, sobre todo, en la vieja cuestión de los euromisiles. Aunque con algunos desencuentros y retrocesos, como el fracaso de la entrevista Shultz-Shevardnadze en Viena, las negociaciones entre las dos superpotencias marcharon a buen ritmo hacia la distensión y el desarme. Las cumbres de Washington y Moscú (1987 y 1988), en las que se acordó una reducción notable del arsenal nuclear, significaron un hito histórico por la magnitud de los acuerdos firmados y abrieron un camino sin retorno hacia el fin de la Guerra Fría. En los últimos años de la década, ya con George Bush, padre, en la Casa Blanca, el radio de acción de los acuerdos sobre desarme se amplió al armamento convencional. La retirada de las tropas soviéticas de Afganistán en 1989, la evacuación de los países de Europa del Este, decidida en 1990, y la autodisolución de las estructuras de mando del Pacto de Varsovia en 1991 culminaban un proceso que, iniciado como una nueva distensión, había concluido con el fin de la Guerra Fría por abandono de uno de los dos contendientes.

Este desenlace, que desbordó claramente los objetivos de la política de Gorbachov, sería incomprensible sin tener en cuenta los profundos cambios experimentados en el interior del bloque comunista desde el comienzo de la perestroika. Consecuente con los principios liberalizadores de sus reformas, el gobierno de Gorbachov había reducido sensiblemente su presión sobre los países del Este de Europa. El mismo cambio se produjo en las relaciones entre el Estado soviético y el mosaico de repúblicas y autonomías que componían la URSS. En ambos casos, el statu quo impuesto por Stalin tras la Segunda Guerra Mundial había dejado un largo reguero de tensiones y conflictos, a veces con consecuencias tan graves como los levantamientos populares de Berlín, Hungría, Checoslovaquia y Polonia en los años cincuenta y sesenta.

En este último país -sin duda, el más hostil al régimen comunista de toda Europa oriental-, se había desarrollado desde los años setenta un amplio movimiento de oposición en torno al sindicato Solidaridad, formado, en su mayor parte, por trabajadores católicos y liderado por el obrero metalúrgico Lech Walesa. La actitud desafiante de Solidaridad frente al gobierno comunista y su temible capacidad de movilización, con sus diez millones de afiliados, llegaron a poner en serio riesgo la continuidad del régimen. El golpe de Estado del general Jaruzelski en 1981 y la tímida represión subsiguiente sirvieron para frenar al movimiento opositor, pero no para acabar con él. Al contrario, el difícil propósito del gobierno militar de restablecer el poder del Estado sin provocar un baño de sangre no hizo más que aumentar la sensación de debilitamiento del régimen y agrandar el prestigio del sindicato y de su líder, que contaban con todo el apoyo de la poderosa Iglesia Católica y, en última instancia, del Papa Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyla, cuyo papel en la crisis polaca resultó fundamental. Un viaje suyo a Polonia en 1983, año en que Walesa obtuvo el premio Nobel de la Paz, y una visita del presidente Jaruzelski al Vaticano cuatro años después favorecieron una aproximación de posiciones entre el gobierno y Solidaridad, convertida definitivamente en una plataforma más política que sindical en la que coexistían una mayoría católica y otros grupos de oposición de muy diversa procedencia. Según uno de sus dirigentes, el historiador Bronislaw Geremek, en su interior eran fácilmente reconocibles tres colectivos distintos, los obreros, los campesinos y los intelectuales, cuyas diferencias saldrían a relucir cuando el sindicato pasó, casi sin solución de continuidad, de la clandestinidad al poder (cit. Ash, 2000, 104). Poco a poco se fue imponiendo la búsqueda de una solución negociada al callejón sin salida en el que se encontraban tanto el régimen comunista como la oposición, origen de una doble legitimidad que, descartada, como parecía, la vía represiva, sólo podía resolverse mediante una transición pactada. Así ocurrió, finalmente, en abril de 1989, cuando el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo para la celebración de elecciones libres a una nueva Asamblea legislativa. Los comicios del mes de junio dieron a Solidaridad una victoria sin paliativos, que sorprendió al propio sindicato y que permitió a esta organización formar el primer gobierno no comunista del Este de Europa en los últimos cuarenta años. No obstante, el deseo de facilitar una transición suave llevó al nuevo primer ministro, Tadeusz Mazowiecki, a incorporar a cuatro comunistas a su gobierno, lo que, unido a la permanencia del general Jaruzelski en su cargo, evitó en un primer momento las tensiones propias de una ruptura total en el aparato del Estado. Al parecer, la idea de compartir el poder con los grandes derrotados en las elecciones partió del periódico Gazeta Wyborcza, que desempeñó, lo mismo que su director, Adam Michnik, un papel determinante en toda la transición polaca, tantas veces comparada con la española.

Cuando Solidaridad asumió el poder en Polonia, ya era evidente que Gorbachov había renunciado a la doctrina de Breznev de la soberanía limitada, aplicada a Checoslovaquia en 1968, y que cumpliría sus promesas de no interferir en la evolución interna de los países del Este. Se ha dicho que el proceso histórico que puso fin al comunismo duró diez años en Polonia, diez meses en Hungría, diez semanas en Alemania Oriental, diez días en Checoslovaquia y diez horas en Rumania. Aunque, naturalmente, no se puede tomar al pie de la letra esta cronología, hay una profunda verdad histórica que salta a la vista en esa forzada cadencia decimal: que en cada país del antiguo bloque soviético el proceso hacia el fin del comunismo tuvo un ritmo y un método distintos. Si en Polonia hay que atribuirlo a la larga lucha de un amplio movimiento de masas, en Hungría el cambio vino desde arriba por la acción del gobierno reformista que presidía Imre Pozsgay: liberalización económica, negociación con la oposición, dividida entre la Unión de Demócratas Libres y el Foro Democrático, revisión crítica de la historia del régimen, lo que conllevaba la condena de la represión posterior a la insurrección popular de 1956, progresivo desmantelamiento del monopartidismo... La rápida adaptación del sector reformista del comunismo húngaro a una situación sumamente fluida y su papel como motor del cambio político no bastaron para que el nuevo Partido Socialdemócrata, formado por los reformistas del régimen, obtuviera en 1990 el respaldo electoral necesario para consolidar su posición hegemónico. Tras las elecciones de abril de 1990, el poder pasó a las fuerzas no comunistas.

Mientras en Polonia y Hungría prevaleció la negociación entre poder y oposición y, en consecuencia, se impuso una transición pacífica y pactada hacia la democracia, en la mayoría de los países del Este los respectivos partidos comunistas mantuvieron una actitud intransigente ante la demanda social de cambio, aunque en muchos de ellos la inhibición de Moscú -cuando no su presión a favor del cambio- y la fuerza de la oposición acabaron por doblegar su resistencia. Así sucedió, por ejemplo, en Checoslovaquia, donde existía una larga tradición de disidencia política, sobre todo en los círculos intelectuales. Fue precisamente un escritor bien conocido por su oposición al régimen, Vaclav Havel, quien en diciembre de 1989 asumió la jefatura del Estado en pleno vacío de poder por la descomposición del régimen comunista, quince días después de la dimisión de su predecesor, Gustav Husak, un comunista ortodoxo y autoritario desbordado por la situación. A diferencia de este último, el presidente rumano, Nicolae Ceaucescu, prefirió resistir hasta las últimas consecuencias el descontento popular que se apoderó del país a lo largo de 1989. El resultado fue el episodio más sangriento de cuantos precedieron a la caída del comunismo en el Este de Europa. La revolución rumana se cobró la vida, entre otros, del propio presidente y de su mujer, Elena Ceaucescu, con la que, tras veinticinco años en el poder, había acabado formando un sistema de gobierno a caballo entre un comunismo sui generis, bastante mal avenido con la URSS, y una especie de Monarquía absoluta ligada a la todopoderosa familia Ceaucescu. En el otro gran país balcánico, Yugoslavia, víctima de una larvada crisis económica y política desde la muerte de Tito en 1980, la desintegración del sistema a partir de 1989 degeneró en una larga guerra civil en la que, como veremos más adelante, reaparecieron con inusitada violencia viejos problemas internos.

Los regímenes comunistas más anquilosados del Este de Europa, aparte del caso singular de Albania, situada en la órbita política de la China Popular, eran el búlgaro y el germano-oriental. En Bulgaria, se puede decir que el cambio no fue fruto ni del aperturismo gubernamental ni de la fuerza de la oposición, sino de la presión ejercida directamente desde Moscú, que impuso un relevo al frente del Estado. De esta forma, gracias al apoyo soviético, el sector más pragmático y reformista que encabezaba el ministro de Exteriores, Petar Mladenov, desplazó del poder al ala dura del Partido Comunista, personificada en el viejo Todor Zhikov. En la RDA, sometida desde su creación a un férreo régimen policial, la quiebra del sistema fue consecuencia inevitable de la relajación de la política exterior de la Unión Soviética, principal sostén del régimen, y de las transformaciones producidas en los países comunistas de su entorno. Así, el anuncio en mayo de 1989 de la supresión en Hungría de las trabas fronterizas con Austria atrajo a aquel país a más de trescientos mil alemanes orientales deseosos de pasarse al Oeste. Como dijo Lenin de los soldados rusos que abandonaban el frente en 1917, los ciudadanos de la RDA estaban votando con los pies. Las autoridades del país se vieron desbordadas por la presión popular, expresada en manifestaciones multitudinarias y en el masivo éxodo al Oeste. En octubre, Erik Honecker, veterano dirigente de la RDA desde 1971 y firme partidario de la línea dura, abandonaba su cargo, que fue ocupado por un reformista, Egon Krenz, quien, apenas unos días después, tomó la histórica decisión de permitir la apertura del muro de Berlín y autorizar el libre tránsito al sector occidental. Al cabo de unas pocas horas, en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, la avalancha de ciudadanos sobre los controles policiales provocaba la simbólica caída del muro de Berlín. Este hecho no puso fin a los cambios en Europa oriental -el derrocamiento de Ceaucescu, por ejemplo, fue algo posterior-, pero ningún otro acontecimiento escenificó mejor el final de una época.

Si hubo disparidad en el punto de arranque y en el procedimiento seguido en la liquidación del comunismo, la confluencia en el año 1989 del final de estos procesos hace inevitable la aplicación de la famosa teoría del dominó tantas veces invocada desde Occidente para los escenarios más conflictivos de la Guerra Fría. La coincidencia en el hundimiento de los regímenes comunistas prueba hasta qué punto su existencia estaba subordinada a un mecanismo artificial cuyo funcionamiento dependía, a su vez, de la perfecta sincronización de sus distintos engranajes. Ese mecanismo de relojería, que puso en hora la historia de los países del Este a finales de los años cuarenta, fue el mismo que, cuarenta años después, determinó el momento de su derrumbe final.

Clase del 29 de octubre

El fin de la distensión

La distensión había entrado en crisis, como se recordará, en la fase terminal del mandato de Carter. El triunfo de Reagan en las elecciones de 1980 fue la mejor prueba del fracaso de la administración demócrata en su forzado intento de liderar el cambio en la política exterior que parecía reclamar el electorado norteamericano. La llegada de Reagan a la presidencia de Estados Unidos resultó, sin duda, un factor determinante en el recalentamiento de las relaciones Este/Oeste, pero el ex actor de Hollywood no fue el único valedor de la nueva política de confrontación. Con Margaret Thatcher como premier británica y Helmut Kohl en la cancillería de la RFA desde 1982, la línea dura de la Alianza Atlántica tenía garantizado el apoyo de los dos países europeos más importantes en el sistema defensivo occidental. Sin olvidar el cambio que supuso el nombramiento como Papa, en 1978, del cardenal polaco Carol Wojtyla con el nombre de Juan Pablo II. La Iglesia Católica ponía fin de esta forma a su propia distensión y recuperaba, también ella, un discurso radicalmente anticomunista que no se recordaba desde los años cincuenta.

El nuevo estilo de la administración Reagan se pudo comprobar muy pronto y en muy distintos escenarios. En Centroamérica, la aplicación de la vieja teoría del dominó -la creencia de que la instauración de un régimen pro comunista empujaría a los países vecinos en la misma dirección- llevó a Estados Unidos a volcarse en apoyo de los gobiernos afines, como los de El Salvador, Honduras y Guatemala, y a lanzar una guerra no declarada contra el gobierno sandinista de Nicaragua, de cuyo derrocamiento hizo uno de sus máximos objetivos. La invasión de la isla de Granada en 1983 para evitar un supuesto golpe izquierdista demostraba que el gobierno norteamericano no se arredraba ante el uso de la fuerza en caso de considerarlo necesario. De ahí, y de la adopción de algunas medidas de dudosa legalidad -la financiación de la contra nicaragüense, por ejemplo- vendrían los problemas de Reagan ante un Congreso en el que los republicanos carecían de mayoría, y los demócratas exigían un mínimo respeto a las formas legales, aunque la mayoría demócrata -concepto siempre relativo y fluctuante en la tradición parlamentaria de Estados Unidos- no impidió que se llevaran a término las líneas generales de la política exterior de Reagan.

Pero el principal escenario de confrontación entre los dos bloques seguía estando en Europa y en el Mediterráneo. En el antiguo Mare nostrum confluían varios conflictos interrelacionados: la prolongación meridional del frente europeo de la Guerra Fría; el problema, siempre latente, de Oriente Medio, que registró a principios de los ochenta un nuevo episodio bélico -la invasión del Líbano por Israel en 1982-; y, muy especialmente, el problema que para el bloque occidental supuso la difusión en la zona de los principios de la Revolución islámica, encarnada desde 1979 por el Irán de Jomeini, líder espiritual y político de amplios sectores de población en los países árabes. La larga guerra sostenida entre Irak e Irán (1980-1988) sería consecuencia de viejos litigios entre ambos países, pero también del afán de liderar el mundo árabe desde postulados contrapuestos: el panarabismo iraquí, representante de un socialismo árabe de corte estatalista y laico, y el panislamismo iraní, caracterizado por una concepción teocrática y visionaria del destino de los pueblos islámicos. El apoyo occidental al gobierno iraquí de Sadam Husein demuestra el temor de Estados Unidos y de algunos países europeos a la propagación de los principios radicalmente antioccidentales del ayatollah Jomeini, no muy distintos, por otra parte, de los que venía exhibiendo el régimen libio del coronel Gadaffi, otra de las bestias negras de la administración de Reagan.

La inquietante evolución que, para los intereses occidentales, estaba siguiendo el mundo árabe no impedía, sin embargo, que en el cambio de década Europa reclamara urgentemente la atención de las dos superpotencias. Heredero de una situación ya degradada, el presidente Reagan sostuvo desde el principio de su mandato una dura pugna con la URSS sobre el equilibrio de fuerzas en Europa, alterado por la aparición de nuevos ingenios nucleares no previstos en los acuerdos de desarme. Tras la decisión soviética de instalar misiles SS-20 en Europa oriental, Reagan amenazó con el despliegue de misiles Pershing II, de 1.800 km de alcance, y misiles de crucero, de 2.500 km de alcance y gran precisión. En noviembre de 1983, el rechazo soviético a la opción cero propuesta por Estados Unidos como forma de restablecer la paridad nuclear -retirada de los SS-20 y no instalación de los nuevos misiles occidentales- llevó al presidente Reagan a ordenar el despliegue en Europa occidental de los llamados euromisiles, pese al rechazo y la movilización de amplios sectores de la izquierda europea. De todas formas, por esas fechas la escalada armamentista se encontraba ya en una fase superior. En marzo de 1983, Reagan anunciaba el proyecto militar y tecnológico más audaz de su mandato: la Iniciativa de Defensa Estratégica, también conocida por su acrónimo (IDE o DSI, en inglés) y muy pronto popularizada con el nombre de Guerra de las Galaxias.

La Iniciativa de Defensa Estratégica refundía viejos proyectos militares para el desarrollo de sistemas antimisiles y para el aprovechamiento militar del espacio, aspecto clave, por otra parte, de la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos desde el lanzamiento de los primeros satélites artificiales. El plan propuesto por Reagan pretendía crear en el espacio una gran coraza antimisiles, dotada de cañones láser y detectores de energía cinética, capaz de proteger el territorio norteamericano de un ataque nuclear soviético. El proyecto de IDE, retomado años después por el presidente Bush hijo, ya fuera del contexto de la Guerra Fría, supuso un gran golpe de efecto de la política de defensa norteamericana y un indudable éxito propagandístico para Reagan, que apostó resueltamente por tina puesta en escena espectacular -pronto reflejada en la identificación de la IDE con el film más popular de los setenta- de la buena nueva que pretendía transmitir al pueblo americano, que no era otra que la recuperada supremacía mundial de Estados Unidos y su condición de fortaleza inexpugnable. Pero la Guerra de las Galaxias planteó desde el principio serias dudas sobre su viabilidad tecnológica y alto coste económico (26.000 millones de dólares de dotación entre 1985 y 1989), además de provocar el rechazo de una buena parte de la comunidad internacional. Mientras los aliados occidentales se veían fuera del paraguas protector de la IDE y, por tanto, condenados a sufrir en exclusiva un posible ataque soviético, la URSS, que calificó el plan como contrario a los acuerdos SALT, temía quedar a merced del potencial atómico norteamericano, pues la IDE dejaba virtualmente obsoleto su propio arsenal nuclear. En hipótesis, la invulnerabilidad de una de las dos superpotencias hubiera significado la ruptura del principio de destrucción mutua asegurada en el que, de forma tan temeraria como eficaz, se había basado la disuasión entre los dos bloques. A partir de ahí, o la Unión Soviética realizaba un ingente esfuerzo tecnológico y económico para recuperar su capacidad de destrucción o podía dar la Guerra Fría por perdida.

La Guerra de las Galaxias tuvo también numerosos detractores en Estados Unidos, tanto por su elevadísimo coste financiero, como por las dudas existentes sobre su eficacia final. El presidente del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts y ex asesor científico de la Casa Blanca, Jerome Weisner, formuló a este respecto una crítica de gran calado: suponiendo que el nuevo sistema defensivo alcanzara, como sostenían sus artífices, una eficacia casi milagrosa y pusiera fuera de combate al 95% de las armas nucleares soviéticas, no podría impedirse que el 5% restante destruyera todo el planeta (cit. Kort, 1998, 78). Fuera o no viable el proyecto, su utilidad como elemento de presión sobre la URSS y como arma propagandística parece fuera de toda duda. La IDE fue, sobre todo, la punta de lanza de una política de rearme con la que Estados Unidos pretendía, por una parte, ablandar la posición de firmeza que su adversario mantenía en las negociaciones bilaterales y, por otra, obligar a la Unión Soviética a un esfuerzo económico suplementario para seguir el ritmo vertiginoso que Estados Unidos había imprimido a la carrera de armamentos.

La razón última de la Guerra de las Galaxias -y la causa por la cual su viabilidad tecnológica era hasta cierto punto secundaria- se encuadraba, pues, en un viejo escenario diseñado por los estrategas norteamericanos desde mucho antes de la llegada de Reagan al poder: el convencimiento de que, a la larga, la economía soviética no soportaría el coste de la carrera de armamentos. En palabras de un miembro del staff militar de Reagan, la IDE "sería una dura prueba para los recursos tecnológicos e industriales de los soviéticos, que se encontraban ya muy agobiados" (cit. Powaski, 2000, 304).

Los acontecimientos posteriores indican un cierto cambio de actitud en las autoridades de la URSS, antes incluso del nombramiento del reformista Gorbachov como líder soviético. A principios de 1984 -año electoral en Estados Unidos- se vieron los primeros indicios de un posible restablecimiento del diálogo entre las dos superpotencias, a pesar de que ese mismo año los países comunistas decidieron boicotear los juegos Olímpicos de Los Ángeles. Sin embargo, a lo largo de aquel año, el presidente Reagan mostró gran interés en dar ante su electorado una imagen equilibrada entre la firmeza y la moderación, con algún que otro gesto en favor de la negociación con la Unión Soviética. Las entrevistas entre Reagan y el ministro de Asuntos Exteriores Gromyko, en septiembre de 1984, y entre el dirigente soviético y el secretario de Estado Shultz, en enero de 1985, prepararon el camino para un retorno a los cauces de la distensión. Los cambios producidos en la Unión Soviética a partir de 1985 hicieron que la nueva distensión progresara rápidamente y condujera al final de la Guerra Fría en medio del desmembramiento del antiguo bloque comunista.